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South Bulletin: Individual Articles
La “economía verde” desde la perspectiva del desarrollo sostenible

Presentación de Martin Khor, Director Ejecutivo del Centro del Sur, sobre la “economía verde” en el marco del desarrollo sostenible, realizada durante la reunión entre períodos de sesiones sobre las negociaciones de Río+20 (Grupo de trabajo sobre economía verde) en las Naciones Unidas en Nueva York los días 10 y11 de enero de 2011.

El concepto de “economía verde” todavía no ha conseguido ser objeto de un amplio consenso, ya sea entre economistas o ecologistas o a nivel internacional. Es un concepto extremadamente complejo y no se puede esperar que, en un futuro cercano, se alcance un consenso sobre su significado, su uso, su utilidad y las implicaciones políticas que conllevará. Este documento detalla brevemente algunas de las cuestiones relacionadas con este término.
El término de “economía verde” parece referirse a una economía respetuosa del medio ambiente, atenta a la necesidad de conservar los recursos naturales, así como de minimizar la contaminación y las emisiones nocivas para el medio ambiente, acompañada de una producción de productos que no dañen al medio ambiente ni por su existencia ni por su consumo.
Las difíciles preguntas que deben ser planteadas consisten todas en saber si para alcanzar tal economía deberán limitarse otros aspectos, entre los que podríamos citar el crecimiento económico de los países pobres y el desarrollo social, como la erradicación de la pobreza o la creación de empleo. ¿Cómo identificar y tratar los pros y los contras? ¿Cómo deben combinarse estos aspectos en las diferentes etapas de desarrollo, así como en las diferentes etapas de la evolución del medio ambiente? ¿Cuál es el papel de los Estados y de la regulación y qué trato se debe dar al mercado y al sector privado? ¿Cuál es la manera de construir una economía que sea más respetuosa del medio ambiente? ¿Y por último, cómo se debe llevar la transición desde la situación actual a una economía más ecológica?
Asimismo, la cuestión de la “economía verde” que nos ocupa debe ser específica a un contexto, o específica al marco en el que está siendo tratada. Este contexto es el de la conferencia Río+20, que constituye una continuación de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992. Por consiguiente, la “economía verde” no es un concepto académico que se pueda enfocar mediante una tormenta de ideas. Debe derivarse del espíritu, de los objetivos, de los principios y del funcionamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), y más especialmente de los Principios de Río y del Programa 21. Todo esto debería ser completado con la Conferencia Río+10.
El marco principal formado por la UNCED 1992, los acuerdos relacionados (la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, etc.) y los procesos de seguimiento tienen como objetivo reunir al medio ambiente y al desarrollo en el mismo contexto. Se trata de un logro singularmente importante que debe ser preservado y mejorado, sin desviarlo de su objetivo, y al que no se debe restar mérito. El marco de la UNCED reconoce e incorpora ciertos de los aspectos cruciales más complejos:
·         Reconoce la crisis ambiental y la necesidad de llevar a cabo reformas profundas de los modelos de producción y consumo. Reconoce igualmente el principio de sostenibilidad, según el cual la producción actual no debería comprometer nuestra capacidad de cubrir necesidades futuras. Por último, reconoce el principio de precaución.
·        Por otro lado, también reconoce el “derecho al desarrollo” y las necesidades y prioridades que requiere el crecimiento económico en los países en desarrollo, así como los objetivos de desarrollo social tales como la erradicación de la pobreza, la creación de empleo, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, etc.
·         El reconocimiento de estos elementos llevó a que se aceptaran la protección del medio ambiente, el desarrollo económico y el desarrollo social como los tres pilares del “desarrollo sostenible”.
·         Reconoce igualmente la necesidad, no únicamente de medidas nacionales, sino también de medidas y acciones internacionales basadas en una verdadera comprensión de los problemas y que aporten soluciones. Asimismo, reconoce que las medidas tomadas a nivel nacional en los países en desarrollo deben gozar del apoyo de las políticas y de las acciones internacionales para que la puesta en práctica de un desarrollo sostenible sea posible.
·         En este contexto, reconoce que los países han desempeñado papeles diferentes en la crisis medioambiental y que los países se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, lo que debe conducir a una serie de principios clave con importantes implicaciones, tanto en las medidas adoptadas como en el marco de cooperación internacional.
De aquí surge el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La UNCED reconoce que los países desarrollados son responsables de la mayor parte de la contaminación (y particularmente de los gases de efecto invernadero) y del agotamiento de los recursos naturales y que los países en desarrollo se encuentran actualmente en desventaja puesto que queda poco “espacio ambiental”, lo que tendrá implicaciones en su desarrollo futuro. Concretamente, el desarrollo sostenible sólo se podrá alcanzar mediante un enfoque que incluya estas tres condiciones: 1) Los países desarrollados deben tomar la delantera en el cambio de los modelos de producción y consumo (su modelo económico); 2) Los países en desarrollo mantendrán sus objetivos de desarrollo, pero adoptando métodos de desarrollo que correspondan al paradigma de desarrollo sostenible; 3) Los países desarrollados se comprometen a permitir el desarrollo sostenible de los países en desarrollo apoyándolos mediante transferencias financieras y tecnológicas y la realización de las reformas que sean apropiadas en la estructura y las prácticas económicas y financieras a nivel mundial (esta es la razón por la que el Programa 21 incluía capítulos sobre las finanzas, la tecnología, el comercio, los bienes de primera necesidad, etc.).
Así pues, el concepto de “economía verde” debe situarse íntegramente en este marco holístico compuesto por la UNCED, los Principios de Río y el Programa 21. Este marco también constituyó la base de la CMNUCC y del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La “economía verde” debería reposar sobe una ecuación de tres variables: el imperativo medioambiental, el imperativo de desarrollo (tanto en su dimensión económica como social) y en el principio de equidad, que establece el vínculo entre las dimensiones ambientales y de desarrollo. Por consiguiente, la “economía verde” debería definirse y ponerse en práctica en el marco de esta ecuación, que, por otro lado, debe abarcar tanto las dimensiones internacionales como las nacionales. Los objetivos, los principios, las medidas, las propuestas o las iniciativas relativas a la “economía verde” deberían integrarse en el marco y en los criterios de la ecuación medio ambiente-desarrollo-equidad.
Existen, por una parte, ideas o políticas para promover la “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible, y por otra parte, ideas o políticas que se deben evitar para que la “economía verde” no se gane una mala reputación.
Entre los aspectos positivos de la “economía verde” que merecerían un estudio se encuentran:
·        Reconocer el valor económico y social del medio ambiente. Es decir, que, aparte de su valor ambiental intrínseco, la preservación de los recursos tales como el aire limpio, el agua, los bosques, los manglares, etc. tiene repercusiones positivas, de gran valor, para cubrir las necesidades humanas básicas. De esta manera, la preservación debería ser fomentada, así como la rehabilitación o el reabastecimiento de los recursos naturales. Sin embargo, también debería reconocerse el costo de oportunidad de no “explotar” o de no utilizar los recursos. Tanto la utilidad a corto plazo del uso de la naturaleza, como la utilidad a corto y largo plazo de preservarla (o de utilizar los recursos de manera sostenible) deberían ser reconocidas y reconciliadas entre sí. Así pues, es muy importante que exista un apoyo internacional dirigido a los países en desarrollo para ayudarles a compensar este costo de oportunidad.
·         Permitir que los precios reflejen mejor sus valores ambientales, sin olvidar por tanto la dimensión de desarrollo, para garantizar al público, y especialmente a las poblaciones pobres, el acceso a los servicios básicos y a oportunidades para ganarse la vida. En general, las subvenciones destinadas a promover actividades o productos nocivos para el medio ambiente deberían ser minimizadas, pero bajo la condición de que no se afecte al acceso de las poblaciones más pobres a los servicios básicos. Por otro lado, los países en desarrollo deberían ofrecer estímulos (subvenciones, facilidades de acceso al crédito, deducciones fiscales, etc.) a sus productores y consumidores para fomentar procedimientos y productos respetuosos del medio ambiente (energías renovables, producción y consumo de alimentos orgánicos, etc.).
·         Reconocer y promover el vínculo entre los pequeños productores y las comunidades, concretamente en las áreas rurales, y el medio ambiente, así como políticas que aseguren que los recursos que constituyen la base de su medio de sustento y los servicios básicos de los que disponen (agua, alimentación, vivienda) no sean perjudicados ni agotados, sino que estos recursos (el suelo, la tierra, los bosques, los manglares, etc.) sean rehabilitados y mejorados. Los derechos de las comunidades deberían ser reconocidos y respetados.
·         A nivel internacional, deberían ser creados sistemas y mecanismos que permitan a los países desarrollados apoyar y habilitar a los países en desarrollo. Entre ellos se encuentran la provisión de los recursos financieros necesarios mediante sistemas financieros apropiados y la transferencia de tecnología, así como la promoción de la elaboración endógena de tecnologías respetuosas del medio ambiente en los países en desarrollo.
·        Realizar reformas y mejoras en los marcos, estructuras y procesos económicos mundiales a fin de habilitar y apoyar a los países en desarrollo para que lleven a cabo una transición hacia modelos y procesos de desarrollo sostenibles. Se requieren reajustes y reformas de las reglas del comercio (en lo relativo a las reglas de comercio multilaterales y regionales, así como a los Acuerdos bilaterales de Libre Comercio), como, entre otras, una reducción de las subvenciones que los países desarrollados otorgan a la agricultura, un reajuste de las subvenciones industriales para permitir que los países en desarrollo puedan promover prácticas o productos respetuosos del medio ambiente tales como las energías renovables, o la creación de reglas apropiadas en materia de derechos de propiedad intelectual que faciliten el acceso a las tecnologías respetuosas del medio ambiente a un precio asequible. Respecto de las finanzas, deberían ser creados mecanismos que aseguren una provisión adecuada de los financiamientos necesarios para la adopción de medidas y políticas destinadas a fomentar el desarrollo sostenible.
Por otro lado, corremos el riesgo de que la promoción del concepto de “economía verde” dé lugar a la aparición de tipos de desarrollo infructuosos, o incluso negativos. Esto es algo que debemos evitar a todo precio.
El primer riesgo es que la “economía verde” sea definida o puesta en marcha de forma unidimensional, extrayéndola del marco del desarrollo sostenible al que está estrechamente vinculada, y promoviéndola con un objetivo puramente “medioambiental” (sin considerar plenamente las dimensiones de desarrollo y de equidad) y sin ninguna consideración de la dimensión internacional, y particularmente del impacto negativo que podría tener en los países en desarrollo. El proceso de Río+20 deberá evitar este escollo.
El segundo riesgo que hay que evitar consiste en que se utilice un enfoque de “talla única” en el que todos los países sean tratados de la misma manera. Esto llevaría a deficiencias en materia de medio ambiente, de desarrollo, o incluso en ambas. Deben tenerse en cuenta los niveles y las etapas de desarrollo en los que se encuentra cada país.
La tercera amenaza es que la “economía verde” sea utilizada de manera inapropiada por los países para adoptar políticas comerciales proteccionistas, y más particularmente, que los países desarrollados la utilicen como principio o fundamento para justificar medidas comerciales unilaterales destinadas a rechazar los productos en proveniencia de los países en desarrollo. Un ejemplo que ilustra tal tipo de medidas son el “impuesto sobre el carbono” o “el impuesto de ajuste en la frontera” que se aplicarían a los productos importados con el argumento de que, durante el proceso de fabricación, habrían generado más carbono que los productos del país importador. Esto tendería a penalizar a los países en desarrollo que carecen de los recursos financieros necesarios para adquirir tecnologías que generen bajas emisiones, o que técnicamente no tienen acceso a ellas, y, por consiguiente, constituiría una violación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Otra contingencia sería la adopción de normas ambientales para los productos. Los países en desarrollo que no fueran capaces de respetar estas normas en su producción correrían en riesgo de perder sus exportaciones. El enfoque utilizado para con los países en desarrollo debería consistir en proporcionarles los recursos y la tecnología precisados para poner al día sus tecnologías y normas ambientales, y no en penalizarlos.
Un cuarto escollo que debería ser evitado consistiría en que los países en desarrollo utilizaran la “economía verde” como una nueva condición para obtener ayudas, préstamos, la reprogramación de su deuda o un alivio de ésta. Esto podría empujar a los países en desarrollo en cuestión a adoptar medidas ambientales unidimensionales, en lugar de políticas que promuevan el desarrollo sostenible y que tengan en cuenta los objetivos de equidad y de desarrollo económico y social.
Otro problema mayor que se plantea al definir el concepto de “economía verde” es el del papel del Estado, del sector privado y el uso de mecanismos de regulación de los mercados.Esta cuestión lleva mucho tiempo siendo el objeto de un extenso debate. Son numerosos los que creen que la crisis ambiental es el resultado y la prueba de un “fracaso del mercado”, puesto que, dejados a su libre albedrío, el sector privado y los mercados conducirían obligatoriamente a la explotación y al agotamiento de los recursos, a la contaminación y a la emisión de gases de efecto invernadero, que han llevado a la crisis ambiental.
Así pues, la regulación del sector privado, y particularmente la de las grandes compañías, es de gran importancia. Por consiguiente, se considera crucial la creación de mecanismos de regulación como la imposición de límites de contaminación y de emisiones, de pesticidas en los alimentos, de la contaminación del agua y la imposición de impuestos y multas ambientales que deberían constituir componentes mayores o centrales de la promoción de la “economía verde”.
Sin embargo, en lugar de esto, se está reforzando la tendencia de crear “mercados”, y de volverse dependientes de ellos, en los que las compañías (y los países) pueden comprar certificados de emisiones y de contaminación a otros para contaminar más allá de los límites que les han sido establecidos. Cada vez más, estos mercados de compraventa de “derechos de contaminación” son considerados alternativas que las compañías y los países pueden utilizar para descargarse de sus obligaciones traspasándolas a otros. Las críticas dirigidas a este tipo de comportamientos no dejan de cobrar fuerza, y conciernen tanto a los países y las compañías que eluden sus obligaciones en materia de medio ambiente, como a los problemas relacionados con las prácticas fraudulentas en el funcionamiento de estos mercados, el peligro que representa para el desarrollo social y económico la transformación de la naturaleza y de sus recursos en bienes comerciables y los riesgos que entraña la creación de un nuevo instrumento financiero de especulación.
Debería reconocerse que mientras existe un interés por conocer el efecto que tendría el establecimiento de un mecanismo de fijación de precios, de una tasa o pago para circular en automóvil por los centros urbanos, se mantiene un debate sobre la pertinencia y los efectos del uso de “mercados” de permisos de contaminación o de “compensaciones” en la realización de los compromisos medioambientales.
De forma más general, deberían reconocerse claramente el papel y la importancia de las políticas, medidas y acciones gubernamentales destinadas a promover los objetivos medioambientales y de desarrollo sostenible. Asimismo, deberían compartirse las enseñanzas extraídas.
Por último, los países en desarrollo están enfrentados a un gran número de dificultades y obstáculos al adaptar su economía a paradigmas más respetuosos del medio ambiente. Por un lado, esto no debería poner trabas a las tentativas que realizan para incorporar lo más rápido posible los factores ambientales a su desarrollo económico. Por otro, los diferentes obstáculos deberían ser identificados y reconocidos, y deberían tomarse medidas de cooperación internacionales con el objetivo de apoyar y respaldar los esfuerzos que llevan a cabo para adoptar un desarrollo sostenible. Habría que garantizar las condiciones que permitan a los países, y en concreto a los países en desarrollo, entrar en el modelo de la “economía verde”. 
 Las condiciones y dimensiones principales fueron reconocidas durante las negociaciones que condujeron a Río 1992, y están fuertemente anclados en los Principios de Río y en el Programa 21. El enfoque con el que se tratará el concepto de “economía verde” durante las negociaciones de Río+20 debería ser coherente con el concepto, los principios y el marco del desarrollo sostenible, y habrá que aplicar un gran celo para que no haga sombra al “desarrollo sostenible” o lo haga pasar a un segundo plano. Así pues, se debería identificar el “valor añadido” que la “economía verde” podría aportar al desarrollo sostenible.

 
 
GSTP São Paulo Round Concludes; a South-South Cooperation Milestone

The main mechanism for South-South preferential trade, the General System of Trade Preferences (GSTP), concluded its third Round (known as the São Paulo Round) on 15 December 2010. Below is a statement by Ambassador Alberto Dumont of Argentina (Chairman of the GSTP Negotiating Committee) which was presented at a South-South expert meeting at UNCTAD in February 2011.

In late 2008 I had the opportunity to speak at the first Multi-Annual Meeting on South-South in my capacity as Chairman of the GSTP Negotiating Committee. At that time the economic crisis was just beginning and we had not yet been able to conclude the GSTP negotiations. Two and half years later, the economic situation is less dramatic, but we continue to face considerable challenges in achieving our development goals. In this context, it is extremely encouraging that last December, in the city of Foz de Iguazu, we were able to successfully conclude the Third Round of GSTP negotiations.

It is difficult to overstate the importance of the São Paulo Round to boost South-South Trade. The concessions exchanged so far (about 47, 000 lines) involves a rapidly expanding market as a whole with geographic coverage that spans three continents and whose population represents 27.5% of the global total. It involves very dynamic economies with a high complementarity, which is not limited to the classical patterns of North-South trade. Also the particular case of South America is of great importance because it is an agreement that was fully negotiated and signed as a regional bloc by members of MERCOSUR.

The Round of São Paulo is a takeoff point in relation to the history of the GSTP as an instrument dedicated to expanding trade. Although we had the GSTP Agreement from the 1980s, in the first two rounds we failed to lay the foundation for effective utilization of the potentials of South-South trade. In this sense, the methods adopted in Geneva in December 2009 allowed the scheme to go beyond negotiations held so far (requests and offers) and achieve a more ambitious result through a 20% cut in tariffs applied to over 70% of tariff lines.

The Protocol was adopted in Foz de Iguazu. It was signed by the following members: MERCOSUR, Cuba, South Korea, Egypt, India, Indonesia, Malaysia and Morocco. At present, the participants will require parliamentary approval and are initiating procedures to ensure the entry into force of the Final Protocol of São Paulo (which requires for its entry into force the ratification by at least four participants).

We are confident that soon other participants will also be able in the coming months to join. The door is open, not only for the remaining 11 countries that participated in the negotiations, but the rest of the 43 countries that are part of the GSTP Agreement in this regard. The Final Protocol provides for the possibility that those Parties consent on the same terms as those who signed it in Foz de Iguazu. Also provided is additional flexibility in case of countries that are acceding to the WTO.  The signing of the Protocol on these terms is only available to participants in the Arrangement. Other countries in the G77 are welcome to participate, once they have completed the procedures provided in the Agreement.

Considering what we have achieved, what are the next steps for the GSTP? I will divide my response under short-term and medium term.

First is an agenda aimed at strengthening and deepening the concessions agreed in the Round of São Paulo. In this regard it is anticipated that after two years of entry into force of the Protocol, participants consider the extension of concessions. The process may be supplemented by negotiations based on requests and offers. It is necessary to continue working with participants in the process of accession to the WTO (Iran and Algeria), as well as those countries that are in the final stage of their consultation process and would be able to join the Protocol. Finally, there is hard work ahead of us on rules of origin.

The most important thing is that this scheme of "open negotiations" represents an opportunity to provide greater dynamism to the GSTP as an instrument of policy, since it is not necessary to initiate a new round in order to continue working on the expansion of South-South trade flows.

At this point, I refer particularly to an important question: how to make sure to bring the benefits of the Round of São Paulo to the Least Developed Countries participating in the GSTP. For this, the agreement provides a good basis (which was reiterated at the meeting of GSTP conducted within the framework of the Accra Conference), which allows the Least Developed Countries that are party to the Agreement to participate on a non-reciprocal basis. At present, we count seven LDCs which, although they have not participated in the Round of São Paulo, participated in the first round of the GSTP. Our next task will be to meet them to discuss the terms on which the LDCs will benefit from this round on a non-reciprocal basis.

Next, I turn now to some issues that could begin to be analyzed to enhance the role of GSTP not only on strictly commercial terms but also in strengthening South-South cooperation:

  In the first instance, if we want the GSTP to contribute to changing patterns that prevailed for long in North-South trade, we should start thinking how the GSTP could give a particular impetus to trade in products with higher added value. This could contribute by creating incentives for the creation of value chains between GSTP countries. The discussion before us regarding rules of origin may be a start in this direction.

  In the course of negotiations, some participants (e.g. Brazil and Korea) outlined ideas on trade facilitation through the use of operating systems with high technological content. I think we should take this into account in the context of other ideas designed to facilitate South-South trade flows.

  We must also remember that the GSTP Agreement contains elements of cooperation in other areas, which to date have not been major developments, but could begin to be explored.

The road ahead is long. Our main priority for now must be to implement the results of the São Paulo Round and the incorporation of new participants. This will provide greater strength to the GSTP, increasing its credibility as a tool to promote trade and allow us to address major challenges in the future.

For more information on the texts agreed in Foz de Iguazu, I invite those interested to visit the website of the GSTP. For now, the schedules of concessions will not be on the website, as this will depend on the decision taken by the participants in connection with its dissemination. I also reiterate my deepest appreciation to the Secretary-General of UNCTAD Dr. Supachai and especially the GSTP Project Office at the International Trade Division of UNCTAD, for all their support.

 

Some Facts and Figures on the São Paulo GSTP Round

Ministers of developing country Parties to the Global System of Trade Preferences (GSTP) concluded six years of negotiations with a new agreement that will slash tariffs by 20% on at least 70% of products exported and subject to duty among eight countries, with more expected to join the agreement.

There are 43 Parties to the GSTP. Twenty-two of them participated in the six-year São Paulo round of negotiations, eight of which (including the Mercosur group of countries of South America) exchanged tariff concessions by adopting the São Paulo Round Protocol annexed to the Round's Final Act. The Protocol allows the reduced tariffs within this group of participants. Other Parties are expected to join the Protocol at a later date.

The agreement is expected to provide a further boost to South-South trade - commercial exchanges between developing countries that already are a major source of economic growth, both for developing nations and for the global economy.

The negotiations were launched in 2004 on the occasion of the UNCTAD XI quadrennial conference in São Paulo, Brazil. The parameters of the tariff-cutting formula were agreed to at a ministerial meeting held in Geneva in December 2009.

GSTP Member States, through a technical cooperation agreement with the UNCTAD Secretariat that is implemented through its Trade Division, draws on the organisation's substantive and technical support in negotiations and in implementation of the GSTP.

The GSTP, which was established in 1989, provides a framework for preferential tariff concessions and other measures of cooperation to stimulate trade between developing countries. The São Paulo Round results broadened product coverage to 47,000 tariff lines and deepened the tariff cuts. It will provide significant benefits for the expansion of intra-group South-South trade.

The ministerial session was held in Foz do Iguaçu and chaired by Antônio Patriota, the Secretary-General of the Ministry of External Relations of Brazil. Ministers and high-ranking officials participating in the São Paulo Round attended the meeting along with UNCTAD´s Deputy Secretary-General Petko Draganov.

(This is based on a Press Release by UNCTAD on the conclusion of the GSTP Round.)
 
Declaración del Centro del Sur en la Conferencia sobre el Cambio Climático en Cancún

Declaración de Martin Khor, Director Ejecutivo del Centro del Sur, en la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)(CP 16 y CP/RP 6) en Cancún, 10 de diciembre de 2010

En su calidad de organización intergubernamental constituida por 51 países en desarrollo, el Centro del Sur se complace de participar en la décimo sexta Conferencia de las Partes y sexta Reunión de las Partes en Cancún.

El cambio climático se encuentra entre las prioridades del Centro puesto que creemos que representa una amenaza tanto para el medio ambiente mundial como para las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo. Es de importancia capital que encontremos formas de cooperación internacional para tratar el problema del cambio climático. Consideramos que la CMNUCC es el único y el mejor foro para dirigir el proceso multilateral hacia la búsqueda y la aplicación de soluciones. Para encontrar una solución mundial a este problema es necesario tratar las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo y la equidad de forma simultánea. Entre el día de hoy y el año 2050, la atmósfera sólo podrá absorber entre 600 y 750 gigatoneladas suplementarias de dióxido de carbono (CO2).

Sin embargo, la actividad mundial genera 50 gigatoneladas de CO2 equivalente cada año. Por tanto, el tiempo apremia y el desafío más importante de la humanidad es encontrar la manera de repartir de forma equitativa el espacio atmosférico tan limitado que nos queda. Dado que los países desarrollados son responsables de las tres cuartas partes del CO2 que ha sido emitido hasta nuestros días, la CMNUCC reconoce el papel de primera fila que éstos deben desempeñar en la reducción de las emisiones y la responsabilidad que recae sobre ellos en cuanto respecta al cumplimiento de los requisitos financieros de los países en desarrollo y la transferencia de tecnología.

Los países en desarrollo se encuentran ante el enorme desafío de proseguir su desarrollo socio-económico y al mismo tiempo, frenar el aumento de sus emisiones de forma considerable y, en un futuro, reducir sus emisiones. Esto tendrá que hacerse mediante un cambio radical del paradigma de los sistemas de producción y de los modelos económico y financiero que tendrán que ser puestos a prueba e incluso reinventados. Así pues, el apoyo financiero y tecnológico internacional es de una vital importancia. Hemos recopilado las estimaciones realizadas por varias organizaciones e investigadores de renombre sobre los recursos que los países en desarrollo necesitan para hacer frente a las medidas de mitigación y adaptación, y la suma total supera un billón de dólares al año. Las cantidades que hasta ahora han sido transferidas cada año son insignificantes.

Por otra parte, es necesario que se haga una transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo, lo que les ofrecerá la posibilidad de participar en la concepción de nuevas tecnologías propias. Asimismo, los obstáculos que les impiden acceder a las tecnologías al coste más bajo posible, entre los que se encuentran los altos costos, la falta de capacidad de innovación y cuestiones de propiedad intelectual, deben ser identificados y eliminados. El modelo de monopolización del saber y de la tecnología tiene que dar paso a un marco de cooperación y de intercambio para salvarnos tanto a nosotros mismos como a nuestro planeta.

En la Conferencia de Cancún existe una necesidad urgente de concluir las negociaciones relativas al segundo período del Protocolo de Kyoto con una reducción conjunta de las emisiones, basada en argumentos científicos, de al menos el 40% para las partes incluidas en el Anexo I (para 2020 con respecto a los niveles de 1990), y un compromiso de las partes incluidas en el Anexo I que no son partes del Protocolo, comparable según los términos de la Convención. Esto sería la prueba clara y tan esperada del liderazgo y el compromiso de los países desarrollados en el esfuerzo de mitigación y constituiría la base sólida sobre la cual los países en desarrollo llevarían a cabo acciones de mitigación reforzadas, respaldados por transferencias financieras y tecnológicas. Ahora bien, si los países desarrollados no asumen estos compromisos ahora, enviarían un mensaje funesto a los países en desarrollo, que actualmente se preparan con dedicación para las acciones contra el cambio climático.

En Cancún, la Conferencia de las Partes también debe crear el nuevo fondo internacional para el clima, bajo la autoridad de la misma, con un sistema de gobernanza equitativamente equilibrado, su propia Secretaría y la capacidad de recaudar y distribuir la gran cantidad de fondos que requieren las acciones contra el cambio climático de los países en desarrollo. Un fracaso en la creación de este fondo lanzaría una señal desoladora al mundo. Asimismo, es necesario que una política sobre la tecnología y ciertos mecanismos de aplicación sean definidos en Cancún, dos temas que se han evitado durante mucho tiempo en el marco de la CMNUCC. Esto permitirá que las políticas y las acciones empiecen a aparecer lo antes posible.

En lo que concierne a la adaptación, sobre los países en desarrollo pesa la necesidad urgente de gestionar los graves efectos de los fenómenos climáticos tales como las inundaciones, los huracanes o los ciclones cuyo número ha aumentado de forma alarmante este año. Así pues, la Conferencia de Cancún debe crear mecanismos internacionales para tratar los daños y las pérdidas ocasionados por estos fenómenos climáticos y sus efectos, así como un comité para la adaptación que se ocupe de las políticas y las medidas en general relacionadas con la adaptación.

Por su parte, los países en desarrollo ya se han comprometido mediante el Plan de Acción de Bali a reforzar sus políticas y medidas en lo que respecta al cambio climático. Muchos países están estableciendo, si no lo han hecho ya, instituciones nacionales tales como comisiones de coordinación de políticas de cambio climático, a menudo bajo la dirección de los líderes políticos más importantes, y están preparando planes de acción nacionales contra el cambio climático. En conformidad con el Plan de Acción de Bali, estas medidas deberán ser mensurables, notificables y verificables.

Además, las comunicaciones nacionales tendrán que ser mejoradas de forma significativa. Los países necesitarán apoyo internacional en el desarrollo institucional, el proceso de notificación y la puesta en marcha de las medidas. Ahora sabemos que la Conferencia de Cancún podrá concluirse con avances significativos, pero también sabemos que no podrá satisfacer todas las expectativas que la población mundial tenía en ella ni todos los requisitos que la ciencia había identificado.

Lo más importante a estas alturas es aprovechar al máximo el tiempo que nos queda para lograr lo que sea posible y para reforzar la buena voluntad entre los Miembros, construida sobre bases sólidas y mediante un proceso democrático, abierto e inclusivo para que las negociaciones sobre el calentamiento global puedan seguir e intensificarse con el espíritu necesario de cooperación y buena voluntad el año que viene y en el futuro. El Centro del Sur seguirá desempeñando su papel en el desafío que supone este proceso tan decisivo.

 
 
Nowhere to Hide: The Great Financial Crisis and Challenges for Asia

By Raj Kumar

A sustained broad-based global economic recovery has yet to be achieved after the global financial crisis of 2007-2009 led to the world’s worst recession since the Second World War.  At the same time, the fear of another crisis lingers especially as concerns about sovereign risk in several Euro economies continue to affect market sentiments.  In Asia, the economic growth performance after a contraction in 2008-09 for most of the emerging economies has been robust in 2010, primarily due to their strong macroeconomic fundamentals, the renewed strength of exports, especially commodities, and the initial boost from fiscal stimulus packages. But there are projections that the performance in 2011 will not be sustained in the context of continuing sluggish economic growth prospects in most developed countries and the likely contracting impact of the appreciation of exchange rates due to rapid short-term capital inflows in a number of Asian economies.

In such a challenging and volatile global economic environment, the timely arrival of a new book “Nowhere to Hide: The Great Financial Crisis and Challenges for Asia” by Lim Mah-Hui and Lim Chan provides a practical and holistic understanding of the origins of the crisis at three inter-related levels covering theory and ideology, financial industry practices and structural imbalances in the international economy. In an easy-to-read and simple to understand manner, the book considers issues that both government policy makers and those in the financial industry need to address particularly from the perspectives of emerging market economies especially those in Asia. Despite healthier macroeconomic fundamentals and minimal exposure of domestic Asian banks to toxic assets related to the US prime market, emerging Asian markets were hit hard by the crisis because of their close integration into global finance and trade.

The book begins by exploring the ideology of finance. Put simply, the theoretical underpinnings of the so-called Efficient Markets Hypothesis state that today’s market prices, no matter what they are, collectively reflect the true values of real assets.  Any government and central bank interference in the free determination of prices would result in a misallocation of resources, implying the need to adopt policies that liberalize and deregulate financial markets. The former President Reagan succinctly captured this when he said, “Government is the problem, not the solution.” But subsequent experience has shown that liberalization and deregulation especially from the 1980s have created financial markets that are inherently unstable swinging from periods of overconfidence and stability to periods of despair and panic.

The book states that the immediate cause of the 2007 crisis was due to both market and regulatory failures in the United States. Using the US housing market as a case study, the book asserts that financial innovations through the introduction of the heavily-leveraged and mostly speculative securitization of assets under conditions of loose monetary policies and inadequate regulation created the build-up of the asset price bubble.  These new instruments included mortgaged backed securities, collateralized debt obligations, credit default swaps, structured investment vehicles, private equity and leveraged buy-outs, and the book explains this in a simple manner for  the layperson. One critical outcome of these policies was the creation of subprime mortgages i.e. lending to house borrowers with weak credit.  These subprime loans, also distributed worldwide, were looked at favourably as long as the US housing market continued to boom and interest rates were low. When these conditions changed and borrowers started defaulting in 2007, the subprime crisis erupted in the US, affecting through financial, trade and economic linkages a large part of the rest of the world.

In terms of financial market practices, the book further notes the ethos of financial institutions was maximization of share-holder values or the Economic Value Added (EVA) and ignoring the interests of other stakeholders. Performance as well as compensation of each institution or department as well as the individual was measured by the amount of EVAs generated mostly on short-term fee-based income. It also resulted in mechanisms to circumvent the requirements of regulatory capital. Such a distorted incentive structure biases the banker to maximize short-term rewards without regard to the longer term risks of their behavior. Indeed the bankers’ large bonuses that have been based on short-term performance are a bone of contention and dominate one of today’s reform agenda items in the financial sector.

While the trigger points of the crisis are market and regulatory failure, the authors note that the seeds of the crisis lie in the structural changes in the US economy that led to the major imbalances between the US economy ( a quarter of the global GDP) and the global economy. The first were policies that have resulted in the financial sector growing much faster than the real sector, and indeed dominating the real sector. This growth has been associated with the rise in the use of debt and financial asset inflation, the main drivers of the economy. From a nation of savers with a current account surplus the country has become the largest debtor in the world.

The second is the wealth and income imbalances in the distribution of resources. Quoting figures from a study the book notes that in the US between 1993 and 2006, the top one percent income earners captured half of the overall economic growth. In terms of wealth distribution, the top 1 percent of households owned 33 percent of the total wealth in 2001, twice the amount owed by the bottom 80 per cent. They reckon that economic inequality gives rise to two kinds of bubbles – a debt bubble assumed by households whose incomes have stagnated and whose consumption can only be met through taking on more debt; and an asset price bubble that is the consequence of the rich chasing for higher yields. The consequences of these were seen in the recent crisis. This is an area where further work is needed in terms of the effect of financial policies on wealth and income distribution. Similar economic disparities are being created in emerging countries especially in Asia. At the moment policy action is piece meal, for instance some countries in the region are adopting measures to dampen house price inflation.  Monetary policies have not only to take into account consumer inflation but also asset inflation, which is mostly neglected.

The final macroeconomic imbalance is the current account imbalance between current account surplus countries such as emerging Asia, Russia and Germany and the US. There are varying perspectives on the issue of imbalances and the extent to which a savings glut by current account surplus countries contributed to the crisis is debatable and does not explain the causes for the excess consumption in the US but only its debt-centered financing.

While Asia is recovering from the crisis, the book highlights three challenges for Asia. The first is to continue export-led growth, but there are limits to this as neither the US or Europe will be in a position to absorb more imports. The solution lies in Asian domestic markets but a major restructuring of the economies is necessary to reduce income and wealth inequalities. For instance if China wants to decrease savings and increase consumption as the driver of economic growth, it has not only to reduce income inequality but improve social services and safety nets. The US-model of debt creation as a source of increasing debt consumption is not the solution for Asia. Domestic investment is another route but has to focus on social infrastructure, building better skills and creating incentives for increasing productivity.

The second challenge deals with short-term capital flows which dominate over trade and direct investment flows. The book considers varying views, but one thing is certain that there is now an acceptance, even from the International Monetary Fund, of the need for some form of controls in the face of financial volatility and for countries not yet ready to open the doors to the free flow of finance.

The third challenge is the alternative to the US currency as a international reserves currency but the Chinese-proposed idea of a super-sovereign currency, like the SDR,  as a more stable and equitable instrument , is one way forward whose time is yet to come.

In the last chapter the authors express their concern about whether, besides short-term monetary and fiscal responses, would there be meaningful reforms of national and international financial systems. Are Asian countries rethinking new ways of achieving a more sustainable and balanced growth in the face of these challenges?  These are valid questions and as a recent study by the Bank of International Settlements shows that while the derivatives market in emerging markets is small by standards of advanced countries, turnover has increased by 300 percent between 2001 and 2007, and 25 per cent over the last three years despite the crisis. Are lessons from the crisis being ignored, or are stake-holders  treating the US experience as unique due to its structural and behavioral conditions?

The title of the book is Nowhere to Hide, but tools for shelter and protection to deal the excesses of financial globalization have to be reconstructed if we are to achieve prosperity, equity and justice in the world. Business as usual once the crisis is over will not do.

Nowhere to Hide: The Great Financial Crisis and Challenges for Asia
Authors: Lim Mah -Hui and Lim Chin
Publisher: Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2010

The authors can be contacted at:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

 
President Kikwete of Tanzania Visits South Centre during Board Meeting

The end of January 2011 saw the South Centre organising four events:  the Board meeting on 24-25 January, a Reception on 24 January, the meeting of the Council of Representatives on 26 January afternoon and a Workshop on the Global Economy, Climate Change and Sustainable Development.
The highlight of this busy period was the visit to the Centre by Tanzania’s President, Jakaya Mrisho Kikwete, who held a discussion with the Board. The following is an account of these events.

Board Meeting and Reception

A visit to the South Centre by the President of Tanzania, Mr. Jakaya Mrisho Kikwete, was the highlight of the Centre’s Board meeting held in Geneva on 24 - 25 January 2011.

President Kikwete exchanged views on global issues and on the South Centre’s activities with the Centre’s Chairman, Mr. Benjamin Mkapa, as well as other Board members.

It was a historic event for the Centre, which has had special ties with Tanzania.  The founding Chair of the Centre, Mwalimu Julius Nyerere, was the first President of Tanzania, and father of the country’s independence.  The present Chair of the Centre is also a former President of Tanzania.

A photograph was taken of President Kikwete and South Centre Chairman Benjamin Mkapa under a painting of Mwalimu Julius Nyerere at the conference room of the Centre.  It is a rare photograph of the “Three Presidents” of Tanzania.

President Kikwete invited the Centre to Tanzania to organise a conference on the South in the present world situation, to mark the 50th anniversary of the country’s independence, and to highlight the role of Mwalimu Nyerere, including his leadership of the South Commission and the South Centre.  The Board agreed with this proposal.

Another highlight of the Board meeting was the visit of Dr. Mohamed Ibn Chambas, Secretary General of the ACP (African, Caribbean and the Pacific) group. Dr. Chambas held an hour-long discussion with the Board members, including on the Economic Partnership Agreements being negotiated by ACP countries and the European Union, and on future cooperation with the Centre.

The meeting also agreed to invite two new members to the Board -- Mr. Charles Soludo, former Central Bank Governor of Nigeria, and Ms. Angela Cropper, from Trinidad and Tobago, a former Deputy Executive Secretary of the UN Environment Programme and former Executive Secretary to the Convention on Biological Diversity. The Board discussed the Centre’s activities of 2010 and plans for 2011 and agreed on the financial budget for 2011.

On 24 January evening, a Reception was held at the South Centre office. It was attended by many Ambassadors and senior officials of the Geneva Missions of developing countries as well as the host country Switzerland.  Several international organisations were also represented.

The highlight of the Reception was a ceremony marking the departure of three Board members, Chief Emeka Anyaoku of Nigeria (former Secretary General of the Commonwealth), Dr. José Antonio Ocampo of Colombia (former Under Secretary General of the UN for Economic and Social Affairs) and Dr. Norman Girvan of Jamaica (former Secretary General of the Association of Caribbean States).  They had finished serving three terms in the Board.  The reception also acknowledged the end of term of Ambassador Bagher Asadi, Special Advisor of the Foreign Ministry of Iran, as a special guest of the Board.

Meeting of the Council of Representatives

The 12th meeting of the Centre’s Council of Representatives was attended by Permanent Representatives and other senior officials of the Centre’s Member States.

The Council elected Mr. Abdul Samad Minty to be the new Convenor of the Council.  Members also thanked the outgoing Convenor, Ambassador Peter Black, who was Jamaica’s Permanent Representative in Geneva until the end of 2010.  Mr. Minty is Deputy Director-General in the Department of Foreign Affairs, South Africa.  He had also served as Vice Convenor of the Centre for many years.

The Council meeting heard the report of the Executive Director Mr. Martin Khor on the Centre’s activities and financial situation.  The contribution by the People’s Republic of China of USD1 million for the Centre’s activities in 2011-12 (in addition to the regular annual contributions) was acknowledged and appreciated.

Representatives of several member states spoke in appreciation of the Centre’s activities during 2010, with many noting the Secretariat’s work in assisting the countries in negotiations at the WIPO, WTO, UNCTAD and in the areas of climate change and global economy.  The research papers and publications of the Centre were praised for their quality and usefulness.  The members also appreciated that the Centre’s financial situation had improved, with an increased operational surplus in 2010, following the small surplus in 2009.

Among the countries that spoke were Indonesia, Jamaica, Egypt, Tanzania, Brazil, Barbados, South Africa, Pakistan, Malaysia, Zimbabwe, Ghana, Mali, India, Cuba, China, Angola, Bolivia, Venezuela, Nigeria.

The Chairman, Mr. Benjamin Mkapa, informed the Council that the Board membership term of Prof. Norman Girvan (Jamaica), Prof. José Antonio Ocampo (Colombia)  Chief Emeka Anyaoku (Nigeria) and Mr. Yousef Al-Zalzalah (Kuwait) had come to an end.  The term of the Special Guest of the Board, Mr. Bagher Asadi (Iran) had also come to an end.  The Board was very grateful to them for their contributions.

The Board had decided on the extension, for another three-year term, of Board members Li ZhaoXing (China), Prof. Deepak Nayyar (India) and Prof. Leticia Ramos Shahani (the Philippines).

Two new Members of the Board were recommended by the Board.  They are Ms. Angela Cropper (Trinidad and Tobago) and Mr. Charles Soludo (Nigeria).

The Council agreed to these recommendations.

Prof. Girvan made a touching speech on behalf of the Board members and the Special Guest who were leaving the Board.  (See back page for the speech).

The new Convenor, Mr. Minty, thanked the Executive Director and the other Secretariat staff for their hard work and for turning the Centre’s finances around, and urged the member states to increase their contributions to the Centre.

Workshop on Global Economy, Climate Change and Sustainable Development

The Workshop (on Jan. 26, 2011) saw presentations by the Centre’s Chief Economist, UNCTAD’s Mr. Richard Kozul-Wright and Board Members Mr. Li and Dr. Deepak Nayyar, as well as the Executive Director. A report of the workshop is in this issue of South Bulletin.

 
 
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